Después de los lamentables sucesos ocurridos en Bagua el 05 de junio pasado, que dejaron como cifra trágica la muerte de 35 personas, entre policías y nativos, parece que el actual gobierno no ha aprendido la lección y persiste en su actitud desafiante frente a los acuerdos establecidos con los líderes amazónicos.
Hoy en día, no hay diálogo y los nativos amenazan con medidas radicales.
Se tuvo por unos días la impresión de que la crisis amazónica había sensibilizado al Gobierno acerca del manejo de los reclamos de la sociedad civil. ¿Quedó claro que la explotación de los recursos de la Amazonía debía hacerse de manera que no infrinja los derechos de los grupos indígenas? Lamentablemente, entre otras acciones, el manejo que se le dio durante y después de la crisis a la explotación del Lote 67 de petróleo en Loreto¹ confirma que el aparente cambio de actitud del Gobierno fue sólo flor de un día.
El descontento frente al gobierno¹ se hace notar en todo el país mediante la protesta nacional andino-amazónica convocada para los días 7, 8 y 9 de julio, por el FRENTE NACIONAL POR LA VIDA Y LA SOBERANÍA, fundado el 11 de junio como consecuencia de la represión gubernamental en Bagua. Este frente se encuentra conformado por conocidas organizaciones como AIDESEP, CGTP, CONACAMI, SUTEP, entre otras.
La Amazonía peruana viene sufriendo un fuerte proceso de transformación. Los dos últimos gobiernos han otorgado un gran número de concesiones para realizar actividades extractivas. Así, diversos estudios afirman que casi las tres cuartas partes de toda la selva peruana se encuentran concesionadas a lotes petroleros. Como consecuencia, muchas áreas de la selva se vienen deforestando, acabando con la biodiversidad y la reducción de los territorios de los pueblos indígenas.
