Por un acuerdo constitucional

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En septiembre del año 2009, Otra Mirada publicó un Suplemento Especial titulado “Una Democracia sin Cimientos se puede caer”. Hoy, nueve años después y a la luz de los últimos acontecimientos y tras el mensaje del presidente Martín Vizcarra, el 28 de julio, conviene resaltar algunos aspectos de este documento, sobre todo porque a la luz de las propuestas de referendo, vale retomar la discusión de implementar un mecanismo de reforma total de la Constitución, pero consensuada entre la ciudadanía y los actores políticos, entendiendo que la corrupción y la crisis del modelo no permite seguir alargando el vetusto sistema constitucional que hoy nos rige y más aún, luego de 25 años de seguir sometidos a una Constitución que nació de mala forma. 


En algunos aspectos, daremos paso a algunos comentarios que reflejan la actualidad y el cumplimiento de algunas de estas propuestas y –llamemos- predicciones de lo que señalamos hace 9 años atrás.

Por un acuerdo constitucional (Septiembre de 2009)
Una casa sin cimientos se viene abajo tarde o temprano. Por ello, debería ser motivo de gran preocupación para la ciudadanía que nuestro sistema democrático no tenga reglas aceptadas por la mayoría de los actores políticos y sociales para que pueda funcionar adecuadamente y promover la participación y la justicia social para todos los peruanos. Las reglas básicas están en un documento o norma jurídica suprema llamado Constitución que para ser válida debe tener un origen democrático.
Por ello afirmamos que en el Perú de hoy no tenemos Constitución.

La precariedad de nuestra democracia es tal porque, entre otras cosas, se sostiene en una carta ilegítima e ilegal, con un contenido contrario a los intereses del pueblo y la nación peruana, que es la mal llamada Constitución de 1993. No obstante que ha transcurrido casi un decenio desde la caída del régimen autoritario fujimorista, no se han aprovechado diversas oportunidades para reemplazar esta carta de origen viciado. Esto es así porque aquellos sectores que solo ven al Perú como una plataforma para hacer negocios y no como un país para vivir y desarrollarse no quieren llegar a ningún acuerdo con la mayoría de los peruanos sobre cómo manejar nuestros asuntos en provecho de todos.

Actualmente son 18 años desde la Marcha de los Cuatro Suyos y la aparición del primer “vladivideo”, hechos que generaron la caída del régimen fujimontesinista.

El texto de 1993 no surgió de un Acuerdo Constitucional que refleje la construcción democrática de una mayoría ciudadana. No fue un Acuerdo de Paz, como suelen ser las constituciones políticas, sino más bien una Declaración de Guerra contra el pueblo peruano de un régimen ilegítimo para maquillar su dictadura y aferrarse al poder después del autogolpe de abril de 1992.

Ella ha servido para intentar legalizar la masiva expropiación de bienes sociales y públicos en beneficio de unas cuantas empresas nacionales y extranjeras que ha ocurrido en las últimas dos décadas.

La privatización del sistema de salud, las exoneraciones tributarias y la relajación de las normas de estándares ambientales para las industrias extractivas son un ejemplo de esto que señalábamos en el año 2009.

Debemos abandonar por ello este texto írrito, que encarna los principios de una minoría y establecer otro conjunto de reglas básicas que promuevan el desarrollo nacional. De lo contrario, nuestra democracia seguirá siendo precaria, con instituciones débiles y poco representativas, y los frutos del desarrollo seguirán sin alcanzar a millones de ciudadanos.

La corrupción enquistada en el sistema de administración de justicia, revelada en los denominados “CNM Audios”, el descabezamiento de la Onpe, producto también de la corrupción reinante y un Congreso con porcentajes de aprobación que con lo justo alcanzan las dos cifras son una muestra de esta debilidad institucional en el país.

Esta es una tarea pendiente de la más alta prioridad, y consideramos que el período previo a las próximas elecciones de 2011 es una buena oportunidad para promover un nuevo momento constitucional, es decir, un momento de debate acerca de la necesidad de llegar a un acuerdo para darle un nuevo contrato social a nuestra democracia, aprobado por la mayoría de la población.

La propuesta presidencial en el mensaje de 28 de julio de someter a referendo una serie de iniciativas, podría ser el pretexto y momento adecuados para discutir un trasplante más profundo de la médula de nuestra Nación: Una nueva constitución política.
El último Acuerdo Constitucional legítimo entre los peruanos se refleja en la Constitución de 1979, aprobada en un contexto de transición hacia la democracia tras once años de gobierno militar. Esta es la última Constitución decente que ha tenido el Perú. Dicho documento es por ello un referente fundamental para cualquier reforma.

El inicio de un nuevo gobierno el 2011, más de una década después de la caída de Fujimori, es el momento indicado para finalmente ponerle los cimientos a esta casa aún precaria. La democracia peruana sigue siendo frágil y las desigualdades y fracturas sociales no sólo continúan sino que parecen agravarse a pesar de varios años de crecimiento económico. 

Crecimiento que se vio estancado desde que el gobierno de Ollanta Humala prefirió poner el “piloto automático” en el manejo económico y que enfrió las inversiones. Años después el gobierno de PPK tampoco pudo impulsar la economía y los constantes hechos de corrupción tampoco permitieron centrarse en incentivar una política económica adecuada.

Ha llegado el momento de plantear a los peruanos el cambio de la Constitución írrita e ilegal de 1993. Está pendiente la tarea de elaborar una Constitución legítima que permita refundar la república como Estado Social de Derecho social y político surgido del golpe de abril de 1992, contrario a los intereses de las mayorías que ya han sacrificado una generación entera a los intereses de un modelo depredador. Necesitamos propuestas concretas por parte de todos los partidos políticos en este sentido y este debe ser un tema central de todas las campañas electorales.

Sin embargo, de cara al escenario político y electoral de los próximos dos años, no todos los actores sociales y políticos estarán animados a cambiar la Constitución actual. Es probable que el gobierno aprista y sus aliados de la derecha y el fujimorismo vuelvan a oponerse férreamente a cualquier cambio a esta Carta, como ha sucedido durante los gobiernos de Paniagua, Toledo y García. Ante esto, existe la necesidad de fomentar el debate, la conciencia y la movilización ciudadana acerca de la importancia de este tema para el futuro del país. Por otra parte, tampoco se conocen propuestas integrales y coherentes de reforma de muchos actores políticos que sí han apoyado las ideas de Asamblea Constituyente o de reforma constitucional integral.

El tema debe retomarse con fuerza y los próximos dos años deben convertirse en escenario de un nuevo Momento Constitucional.

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