¿Se resuelven estos problemas quitándole poder y plata a las regiones para reconcentrarlos en manos de la elite política en Lima?

Si se le prueba a Cesar Alvarez en Ancash, o a Gregorio Santos en Cajamarca, o a cualquier otra autoridad regional o local, las acusaciones que hoy se les hacen, deberán pagar sus culpas en la cárcel, igual que cualquier otro funcionario público al que se le pruebe corrupción o peor aun el asesinato de enemigos políticos.