La bravata del fujimorismo noventero

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Editorial

Una nueva arremetida contra la institucionalidad democrática ha sido ejecutada por el “nuevo” fujimorismo. Como si de una bien orquestada estrategia se tratase, diversos actores de la bancada de Fuerza Popular han dirigido sus esfuerzos a instituciones que le resultan incómodas a los intereses de Keiko Fujimori y sus aliados. 

Como si se tratara de una repetición de sus actuaciones en la década del 90, los fujimoristas iniciaron esta nueva escalada, uniendo sus fuerzas con el bloque aprista, mirando hacia el Tribunal Constitucional (TC), haciendo colgar -cual espada de Damocles- la posibilidad de una demanda constitucional que hoy está en la comisión respectiva del congreso, manejada por el fujimorismo. ¿La razón? Opinar a favor de la reapertura del proceso judicial sobre la matanza de “El Frontón” perpetrada durante el primer gobierno de Alan García y donde están implicados personajes del partido de la estrella y miembros de la Marina de Guerra.

Acto seguido, su vocero el exaprista Daniel Salaverry presentó una denuncia constitucional contra el fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, por una supuesta inacción en las investigaciones del caso Lava Jato. Coincidentemente, mientras publicamos este texto, el fiscal José Pérez está en Brasil dispuesto a interrogar -nuevamente- a Marcelo Odebrecht para obtener mayores detalles sobre la anotación “Aumentar Keiko para 500” y en otra de las fiscalías se ha reabierto la investigación por lavado de activos contra el ex secretario general de Fuerza Popular, Joaquín Ramírez. ¿Casualidades o estrategia de defensa del fujimorismo? 

Y como acto -por el momento- final, la comisión de Constitución del Congreso, liderada también por el fujimorismo le ha dado la razón -con una interpretación auténtica- al grupo que investiga el caso Lava Jato, que dirige otra congresista de Fuerza Popular y está exigiendo que el presidente de la República asista al grupo de trabajo para rendir las declaraciones que presentó por escrito sobre su supuesta participación en las concesiones a Odebrecht de la carretera Interoceánica, cuando se desempeñaba como ministro de Economía  en el gobierno de Alejandro Toledo.  

El “modus operandi” es visible. Fustigar a todos los actores e instituciones que de alguna forma intenten incomodar los intereses del fujimorismo. Una acción similar si se hace la comparación con lo que hicieron Alberto Fujimori y Vladimiro Montesinos en 1997, cuando movieron sus piezas para destituir a los magistrados del TC que se opusieron a la candidatura para una ilegal reelección para el año 2000. 

O cuando colocaron en la Fiscalía de la Nación a una persona afín a sus intereses y que sea capaz de ser manejada a su antojo, como lo fue la tristemente célebre Blanca Nélida Colán, o cuando tuvieron a Alejandro Rodríguez Medrano haciendo y deshaciendo en el Poder Judicial bajo las órdenes del tándem fujimontesinista. 

Y la idea es seguir coactando la institucionalidad y utilizar la investigación contra Kuczynski para terminar de desestabilizar un gobierno que, hasta hoy, no da muestras de fuerza ni tampoco cuenta con el respaldo político, mucho menos ciudadano para repeler este accionar. 

Con una ciudadanía que hoy desconfía del presidente, del congreso y de todas las instituciones del Estado, cabe preguntarse si es la razón por la cual no existe el movimiento social para rechazar esta bravata del fujimorismo tal como se hizo a fines de los 90. 
¿Por qué los estudiantes no están en las calles?, ¿por qué las organizaciones sociales no están marchando exigiendo al fujimorismo que se comporte y respete los cánones democráticos y acepten de una vez por todas los resultados electorales?, ¿por qué en general no estamos todos los peruanos y peruanas en las calles exigiendo una mejor estrategia de lucha contra la corrupción? 

Desde Otra Mirada rechazamos cualquier intentona de desestabilización del orden democrático. Somos conscientes que una oposición madura debe fiscalizar al gobierno de turno, con mayor razón si poseen una fuerza política que controla uno de los poderes del estado, pero no podemos aceptar que esa mayoría sea utilizada para detener las investigaciones contra sus líderes ni tampoco para arrinconar a un gobierno con la intención de obtener también otros resultados como el del indulto al jefe del fujimorismo. 

 

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