Frenar la concentración de tierras

Un nuevo proceso de concentración de tierras se viene extendiendo de forma incontrolable en el país.

Luego de que el proceso de Reforma Agraria democratizara la sociedad rural poniendo fin al gamonalismo y a las relaciones serviles¹, con la Constitución de 1993 empezaron a darse una serie de leyes para liberalizar nuevamente el mercado de tierras.

En la actualidad, según un informe de CEPES, 34 propietarios son dueños de 225,657 hectáreas de tierra agrícola a nivel nacional. En este informe se muestra lo que viene ocurriendo en la costa y en la región San Martín, pero no lo que sucede en las otras regiones porque desde 1994 no existe un censo agrario. Pero, ¿qué hay de grave en este asunto? ¿Por qué esta concentración originaría mayores desigualdades?
 
El problema de fondo 
La concentración de la propiedad es también una concentración de poder. Por ejemplo, actualmente, el Grupo Gloria controla alrededor de 45 mil hectáreas en la costa de Ancash y La Libertad, contando con acciones en las agroindustriales Casa Grande, Cartavio, Chiquitoy, Sintuco y San Jacinto. En esta posición, ¿podríamos dudar del poder territorial de Gloria sobre los gobiernos locales o de su posición de dominio siendo uno de los principales usurarios del agua?
 
Por otro lado, la concentración de la propiedad en pocas manos es también un modelo de desarrollo excluyente. Según el documento “Reforma Agraria, justicia social y desarrollo sostenible”², “la tierra no es sólo un factor de producción, sino también de riqueza, prestigio y poder. Por eso, su reparto más igualitario entraña no sólo un aumento de los activos económicos poseídos por los más pobres, sino también un aumento del poder político y la participación social de estos últimos”.
 
Limitar la propiedad no es la única solución 
Desde el Congreso, se han presentado proyectos de ley para establecer límites a la propiedad de la tierra agrícola. El proyecto 3194 presentado por el congresista aprista Alfredo Cenzano propone como un tope 40 mil hectáreas, esto es, permitir la concentración de propiedad hasta dicha extensión. Además, está el proyecto 4062 presentado por la nacionalista Susana Vilca, con el cual se busca promover la pequeña y mediana propiedad en valle a mil hectáreas y en región a cinco mil. Pero, esta limitación necesita complementarse con otras medidas. Se necesitan promover, por ejemplo, una mayor intervención modernizadora del Estado en proyectos sostenibles, el fortalecimiento asociativo de los agricultores y el otorgarles un mayor acceso a créditos.
 
En este importante debate, un sector de la derecha peruana ha salido a señalar que limitar la propiedad agrícola es una idea equivocada, ya que bloquearía las inversiones y podría ser hasta inconstitucional. ¿Qué hay detrás de esta postura? ¿Qué intereses favorece este punto de vista?
 
Finalmente, desde Otra Mirada saludamos el inicio de este debate porque es un primer paso para plantear soluciones de fondo en la sociedad rural, la cual viene sufriendo cambios que no conocemos en su verdadera dimensión porque, hasta ahora, no existe la voluntad política para encarar este nuevo escenario rural. 

¹Fernando Eguren. “Reforma y contrarrefoma Agraria, 41 años después”. La República 24/06/2010.

²Documento elaborado durante la Conferencia Internacional sobre la Reforma Agraria y el Desarrollo Rural organizado por la FAO. Porto Alegre, 2006.