El sector que vela por el cuidado del ambiente se ha quedado donde lo tenía el gobierno del señor Alan García: En el anaquel principal de la sala. Como adorno. No hay ningún efecto práctico. Y tampoco se ve voluntad política para cambiar esta situación.

¿Se puede decir que en este primer año de gobierno de Ollanta Humala se ha avanzado en el cuidado del ambiente?

Lo que ocurre es que en este primer año ha habido dos momentos claramente distinguibles. El gabinete Lerner, en el cual participaba,  tenía una política clara respecto de lo que debía hacerse y no se trataba de un plan nuevo, sino que había sido preconcebido y diseñado desde el plan de gobierno trabajado con miras a las elecciones del año 2006. Luego lo habíamos seguido trabajando durante varios años. Teníamos diseñado el qué hacer, el cómo hacer y el cuándo hacerlo. Podríamos decir que en los primeros 120 días lo que el MINAM buscó fue iniciar y promover los cambios necesarios para, indirectamente, contribuir a prevenir la formación de nuevos conflictos. Vemos que luego este intento no se ha continuado.

La defensoría del pueblo señala 247 conflictos sociales en junio de este año. La mayoría de ellos se deben a temas socioambientales. ¿Cuando estuvo a la cabeza de este sector, se pudieron iniciar políticas de prevención? ¿Cuáles fueron los principales obstáculos?

La mayoría de conflictos son socioambientales. Esto no es ninguna novedad. Durante el gobierno de Toledo se empezaron a formar varios y durante el gobierno de Alan García fueron una exageración. Recordemos algunos emblemáticos como el del bosque de Pómac, el de mineros artesanales en la costa cercana a Arequipa, Bagua, Puno, etc.  No son novedades. Por eso cuando empezamos nuestra gestión impulsamos que se promulgue la ley de consulta previa, porque la gente tiene que saber qué ocurre alrededor en términos de peligros, desventajas, beneficios, potencialidades, etc. De lo contrario es muy difícil el desarrollo de cualquier actividad y, además, se mantiene la lógica de que el país se mueve basado en información privilegiada. Por eso la impulsamos de saque.

Pero además nos topamos con obstáculos dejados por los anteriores gobiernos y que a la fecha no han sido resueltos. Ese es el problema de mantener el piloto automático en este sector.

¿A qué obstáculos se refiere?

Hay obstáculos normativos. Por ejemplo, nosotros teníamos claro desde el inicio que no podían haber doce o trece autoridades nacionales sectoriales ambientales. Siempre propusimos que se instale una sola autoridad nacional ambiental. Este es un tema importante. Basta con ir a cualquier lugar donde se gesta o desarrolla un conflicto y notaremos la desconfianza de los ciudadanos respecto al ministerio de Energía y Minas, por ejemplo, pues entienden que el interés de dicho sector es velar porque la mina se desarrolle. Entonces, no confían. Para acabar con esta desconfianza es necesario que el MINAM sea la autoridad nacional ambiental. Por ello, todos los Estudios de Impacto Ambiental deben ser responsabilidad de este ministerio que no toma parte, que no promueve la explotación. Es responsable de velar por el capital natural del país como el agua y los bosques.

¿En el caso del agua que es un tema fundamental, qué se ha hecho y qué queda por hacer para que su uso sea beneficioso para todos?

Es un tema fundamental. Hay que mirar la Ley General de Recursos Hídricos que establece y crea la Autoridad Nacional del Agua (ANA). Ésta se creó con facultades que no tiene ninguna otra en el Perú y su decisión es, según ley, vinculante sobre los permisos del usufructo del agua. Para ello, hace falta que se apruebe por una resolución de su máximo organismo. ¿Cuál es su máximo organismo? Un comité directivo de la ANA. La ley estipula que este comité directivo debe estar formado por seis ministerios, con los seis ministros o sus representantes, pero estos seis ministerios son responsables. ¡Oh sorpresa! ¡Resulta que el comité directivo de la ANA nunca se ha convocado ni se ha conformado!

Entonces nos preguntamos, ¿cuál es la autoridad que ha dado el permiso de la utilización del agua para las minas en Cajamarca, Quellaveco, Tía María, etc.? Dicen que el ANA, pero si el ANA no tiene instalado su Comité Directivo, que es el único que puede otorgar una  opinión vinculante respecto del uso del agua, esto no tiene ningún sentido. Esta situación se mantiene desde el quinquenio anterior pues fue el gobierno de Alan García el que sacó esta ley bajo la misma lógica de que “exista la legislación pero que no sirva para nada”.

Pero entonces, ¿se podría decir que los permisos que emite el ANA son ilegales?

Vamos a llamarlos como decía Valdés: son “casi” legales y por lo tanto son informales. Según él, estos permisos serían  “un poco legales” y “un poco ilegales”.  Pero el problema real es que con esta informalidad lo que se genera es ilegitimidad respecto  de la opinión del ANA y ahí es donde se gestan los malestares y los conflictos. Lamentable, hasta la fecha el ANA nunca ha salido a decir “¡Un momentito! No se está cumpliendo la ley” como debería haber hecho hace tiempo.

Si el MINAM ejerciera la participación activa que le corresponde, los parámetros funcionarían, el ANA estaría adscrito a este ministerio, tendría el comité que corresponde y las resoluciones de permiso de agua no las daría, como ocurre actualmente, el ministro de Agricultura a través de este organismo.

¿Aparte del caso del ANA y el agua, qué otros problemas o bombas de tiempo ambientales ha dejado el gobierno anterior?

Otro caso es el de la Ley Forestal y de Fauna Silvestre que fue promulgada pocos días antes de que culmine el gobierno de Alan García. Es una ley esencialmente buena, pero tiene algunas trampitas que la hacen un polvorín. Para comenzar un tema de fondo es que esta ley debería ser dos leyes porque, por un lado debería verse el tema forestal y por otro, el tema de fauna silvestre.

Además, no señala límites para las concesiones forestales,  ni indica cómo poner  candado para proteger y evitar la explotación de especies protegidas como la caoba, el cedro, entre otros. Esto es importantísimo pues muchos pueden decir que la explotación la han realizado en sus “concesiones privadas” y este es un riesgo.

Finalmente en esta ley se vuelve a acentuar el tema de que el bosque, la foresta, las áreas naturales boscosas del Perú se dividen en dos: las áreas naturales protegidas, que las mira el MINAM, y las áreas naturales no protegidas que están a la libre disposición de hacerlas desaparecer por parte del ministerio de Agricultura. Este es también un motor de conflicto. Había que mirar esta ley con detenimiento.

En este sentido, nosotros diseñamos una política para ampliar la frontera de las áreas naturales protegidas haciendo alianzas y convenios con los gobiernos regionales y municipales para formar lo que llamamos “áreas de protección regional” y “áreas de protección municipal”.  Ya teníamos nueve convenios con gobiernos regionales para establecer la autoridad ambiental regional en cada zona. Estos convenios estaban firmados y tocaba que el MINAM pusiera funcionarios del sector para que trabajaran bajo la égida del gobierno regional, la autoridad ambiental regional, donde estaría el gerente de recursos naturales y medio ambiente de la región, pero también representantes de otras autoridades ambientales, dirigidas todas por una sola entidad.

Esta iniciativa era fundamental pues en el Perú hay una deforestación brutal, cerca de 200 mil hectáreas son deforestadas por año. Pasan de ser bosque a ser tierras de cultivo por 2 años y luego no son nada. Y, además, hay  explotación masiva de especies forestales en extinción. Esto lo sabe la gente local, los gobiernos regionales y municipales, pero no tienen campo de acción en el bosque.  Finalmente, quien hace y deshace a su antojo en el bosque es el ministerio de Agricultura. Aquí hay otra fuente de conflictos enorme. Aquí debe entrar el MINAM.

No estoy diciendo que el MINAM deba crecer y hacerse un súper ministerio, sino que debería asumir su responsabilidad para tener un impacto real, una participación activa y responsable. Por eso también los EIAs deben ser responsabilidad de esta cartera.

Con respecto a la fiscalización ambiental, hay organismos que se encargan de realizarla.

Se necesita un sistema de fiscalización ambiental fuerte. Nos encontramos con el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) creado también por García. Cuando se creó este organismo se puso de presidente a un señor que había sido edecán del anterior presidente durante los 5 años anteriores, un marino. Lamentablemente, no manejaban los conocimientos técnicos para desarrollar una tarea fiscalizadora óptima.

Nosotros advertimos que la OEFA no era suficiente para estos temas. Lo que hubiera sido recomendable es que la OEFA, con técnicos bien preparados, se haga presente para fiscalizar al mismo OSINERGMIN. Que fuera una especie de contraloría. Pero, nuevamente, para el gobierno anterior la OEFA era más que suficiente, bajo la lógica de que existan los organismos pero que no sirvan para nada. Al igual que el Ministerio de Ambiente en general.

¿Qué sensación le dejó lo señalado para el sector ambiente en el mensaje presidencial del sábado pasado?

La verdad, que estuvo muy enredado. No entendí nada. Hay que ser práctico en estos temas. Parece que se hizo mención al sector por obligación. Estoy seguro de que el señor Castilla y su grupo hubieran preferido no poner nada al respecto del tema ambiental pues siguen considerándolo una barrera, un obstáculo. Pero la ciudadanía ya está hablando. En Europa la minería, por ejemplo, no se hace así como se hace aquí. Pero nosotros demoramos como una década en darnos cuenta.

¿Y con respecto al anuncio presidencial de incluir el derecho al agua como un derecho fundamental en la Constitución?

Está bien que se incluya el derecho de agua en la Constitución. Eso se hace en Bolivia. Pero en realidad, lo que debería haber anunciado es la reforma de la Autoridad Nacional del Agua que mencioné antes. Con eso habría un impacto real y positivo para todos respecto de la utilización de este recurso.

Y otro tema omitido ha sido el del cambio climático y sus efectos en el país. No ha sido señalado en lo más mínimo. La posibilidad de que se produzca un fenómeno del niño fuerte el próximo año es latente y es alta y no se ha dicho nada al respecto. Tampoco se ha hablado de la crisis económica internacional. ¿Qué van a hacer? ¿Echarle la culpa al niño del 2013? Esta ha sido una omisión alarmante.

Otra gran ausencia en el discurso presidencial fue Conga. Este conflicto ha marcado el primer año de gobierno pero no mereció ni una mención en el mensaje.

Este conflicto se veía venir. Yanacocha tiene casi 20 años y ha sembrado vientos negativos durante los últimos 18 años. No es un tema de contaminación únicamente. Los ciudadanos están hartos. Yanacocha no es nueva en la zona y el conflicto se ha gestado hace años. Además, tengamos en cuenta que los ciudadanos que viven en las serranías dependen del clima y de su ambiente. Entonces, es normal que si se meten con sus recursos de vida, se enojen, se manifiesten y se preocupen. Tienen todo el derecho de proteger sus medios de subsistencia.

Entonces, para usted, Conga no va.

Así como está ya ni deberíamos hablar de Conga. No hay forma. Tal vez, hasta con otra empresa, y otros términos, podríamos considerarlo. Pero así, no. De ninguna manera.

*Exministro de Ambiente