Decreto de Urgencia 003. Nuevo conflicto entre el Congreso y el Ejecutivo

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En medio de la crisis presidencial, un hecho que pasa desapercibido puede marcar un rumbo en el destino de las empresas peruanas que trabajaron consorciadas con Odebrecht. Y es que el gobierno decidió devolver al Congreso la autógrafa del Decreto de Urgencia 003 que había sido modificado por el Parlamento. 

La observación del Ejecutivo califica los aportes del congreso como medidas desproporcionadas que “no pasan por el test de igualdad y genera vicios de inconstitucionalidad”, tal como recoge en su edición de este miércoles el diario Gestión.
Pero ¿Qué implicaban los aportes del congreso al decreto de urgencia 003 que buscaba tomar medidas contra empresas implicadas en casos de corrupción? 

La ley original promulgada por el Ejecutivo tenía por objeto “aprobar medidas que eviten la paralización de la ejecución de  obras públicas  o asociaciones  público  privadas y  la ruptura de la cadena de pagos que ponen en grave riesgo el desempeño  económico  del país,  como consecuencia de actos  de corrupción efectuados  por o a través  de las empresas concesionarias o contratistas, o de sus socios o partes del consorcio, que hayan sido condenadas o hayan admitido la  comisión  de delitos  contra la  administración pública o  de lavado  de activos”. 

Esto sin embargo no fue suficiente para el congreso, el cual optó por incluir “a las empresas que hayan actuado en calidad de socios, asociados o consorciados con una participación mayor al 5% con una persona jurídica que haya sido condenada, que haya aceptado responsabilidad directamente o a través de sus representantes o que sus directivos hayan sido condenados, por actos de corrupción”.

Asimismo, buscaba limitar las transferencias patrimoniales y las colocó en un régimen de retención de utilidades. Esta medida tenía nombre propio: Graña y Montero, JJ Camet e ICCGSA, cuyos principales accionistas se encuentran hoy con prisión preventiva mientras dura la investigación de su participación en las obras que obtuvo Odebrecht en el país, con la participación de estas empresas peruanas. 

El informe remitido por el Ejecutivo, está firmado por el presidente Pedro Pablo Kuczynski y la presidenta del Consejo de Ministros, Mercedes Aráoz, quienes secundan los argumentos del documento que señala, por ejemplo, que la propuesta del Legislativo desincentiva la presencia de nuevos inversionistas y pone en riesgo la cadena de pagos para la reparación civil y también para los salarios de los trabajadores y los acreedores públicos y privados. 

El documento también advierte que incorporar los cambios propuestos, pone en riesgo un monto de 4 mil 201 millones de soles en proyectos de asociaciones público-privadas. Además de 378 millones de soles en proyectos de inversión pública que serían ejecutados por las empresas sancionadas. 

“El riesgo en el desarrollo de inversiones, ya sea a través de su paralización o cancelación, por el riesgo crediticio y/o insolvencia del concesionario o contratista, generaría un impacto en proyectos de inversión pública y pública-privada por S/ 4,580 millones aproximadamente”, cita el documento.

En su momento el ex procurador anticorrupción César Azabache, declaró a la prensa que el decreto original estuvo pensado para las empresas que confesaron cometer actos de corrupción, pero “a alguien se le ocurrió incluir a las empresas condenadas [por corrupción] sin hacer mención al procedimiento”. 

Para Azabache, esa ampliación fue un error y sobre tal se produjo la modificación, pues hasta el momento ninguna socia ha confesado y las declaraciones de Odebrecht, apuntó, no pueden trasladarse a terceros. 

Desde el fujimorismo, ya adelantaron que no aceptarán las sugerencias del Ejecutivo, pues señalan, se busca proteger a las empresas implicadas en actos de corrupción. De todas formas, el documento del Ejecutivo ha sido remitido a las comisiones de Fiscalización y Constitución del parlamento.

Así las cosas, este es un nuevo elemento de confrontación entre el Congreso y el Presidente de la República que este jueves se juega su futuro, acusado de -precisamente- haberse beneficiado por negocios con Odebrecht. 

 

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