El 18 y 19 de junio de 1986 más de 200 presos entre acusados y sentenciados por terrorismo, amotinados en los penales de Lurigancho, Santa Bárbara y El Frontón, murieron a manos de militares y policías, quienes tenían por tarea debelar este motín sin tomar en cuenta el costo de vidas humanas y utilizando armamento de guerra para cumplir ese objetivo. Al final, los presos cayeron no solo en el enfrentamiento con los agentes del Estado, sino por ejecuciones extrajudiciales cuyos responsables, hasta ahora, no han sido sancionados como corresponde.

Una lectura rápida de lo que viene pasando en las semanas posteriores al levantamiento de la huelga indígena amazónica y campesina de Andahuaylas, podría hacer pensar que el Presidente Alan García y la derecha peruana se consolidan en un discurso único que combina autocríticas parciales como las del propio García y el Premier Yehude Simon (“debimos consultarles”, “debimos informarles mejor”) con la tan insistente como casi paranoica campaña de denuncias contra una supuesta conspiración internacional de comunistas, sindicalistas, chavistas, moralistas, ecologistas, indigenistas y envidiosos

El día de ayer, el diario El Comercio hizo eco de un discurso de la derecha peruana cuando calificó a las protestas nacionales como una arremetida ultraizquierdista. ¿Se trata acaso de una asonada radical o de la reacción de viejos movimientos? Tanto en Andahuaylas como en Sicuani y en La Oroya, las protestas son organizadas por movimientos sociales ya existentes hace meses sino años.

En las últimas semanas, tanto Otra Mirada como el diario La República han venido sacando importante información acerca de la falta de transparencia, contradicciones y dudas existentes sobre el origen del dinero que financió los costosos estudios de los cuatro hijos de Alberto Fujimori en el extranjero.