La violencia de género contra las mujeres que hacemos política

Por: 

Rocío Pereyra Zaplana

Este martes 23 se conmemoraron 165 años de la partida a la eternidad de la grande Manuela Sáenz. Manuelita Sáenz fue una heroína de la independencia en Sudamérica y precursora del feminismo en la región. Fue -junto con muchas otras mujeres- una gran movilizadora de las ideas patriotas, conspiradora, organizadora, financista y combatiente en el campo de batalla. No muchos saben, pero participó en las batallas de Pichincha y Ayacucho, que consolidaron la independencia de Ecuador y Perú, respectivamente. Fue una mujer sinigual, que irrumpió y trastocó el orden establecido de la época y el rol asignado para las mujeres. Su vida entera fue una constante transgresión, y en eso reside su mayor contribución: demostrar que las mujeres podemos participar activa y entusiastamente en el espacio público, que tradicionalmente ha estado reservado para los hombres. 

En el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, quiero centrarme en un tipo de violencia que no ha cobrado aún tanta visibilidad: el acoso político o la violencia que se ejerce contra las mujeres que deciden participar en política. Se ejerce violencia de género en la política cuando se comete cualquier acción que nos cause daño, motivado por el simple hecho de ser mujeres, y que tenga por objetivo desprestigiar nuestra trayectoria para invalidar o desconocer nuestro derecho a la participación política. Según datos del Jurado Nacional de Elecciones, en las Elecciones Congresales Extraordinarias del 2020, el 52% de las candidatas mujeres manifestó haber sido víctima de alguna situación de acoso político.

La violencia de género en la política puede darse a través de distintos mecanismos, que incluyen violencia física, sexual, psicológica, moral, económica o simbólica. Las manifestaciones más frecuentes son actos de difamación, hostigamiento, desacreditación, burlas, injurias, amenazas, intimidación, chantajes, entre muchos otros agravios. Los agresores -siempre hombres- generalmente ocupan posiciones de poder y suelen ser candidatos (del mismo partido o uno rival), periodistas, funcionarios o electores. 

Este tipo de violencia sucede al interior de la vida de las organizaciones políticas, donde se relega a las mujeres a ocupaciones secundarias lejos de la toma de decisiones. También ocurre cuando las mujeres candidateamos en las elecciones, como lo que le pasó a Liz cuando le dijeron: “A Liz la están llevando en la lista porque ahí hubo un flechazo” o a Milene, a quien le dijeron que “había sido invitada de relleno porque su trabajo no tiene trascendencia” . Y continúa cuando ya somos elegidas y nos asignan a comisiones de poca importancia y nos exigen mayor rendición de cuentas que a nuestros colegas hombres. O cuando ejercemos nuestro rol de control político, como lo que le pasó a Lili Rojas, regidora de la Municipalidad de Chupaca en Junín, quien fue atacada con lejía en el rostro en enero de este año, provocándole una quemadura del 90% en el ojo derecho y generándole riesgo de pérdida de visión. A Lili le gritaron: “¿Quieres revocatoria? ¡Toma revocatoria!”.

La violencia de género en la política no solo atenta contra la dignidad de las mujeres (que de por sí ya debería ser motivo de preocupación suficiente), sino que también atenta contra la calidad de nuestra democracia. Sin participación paritaria en los espacios de toma de decisiones del país, no es posible conquistar los valores que están en el seno de la tradición democrática: igualdad y libertad. 

Además, la violencia contra las mujeres que se atreven a hacer política es -sin ser su única causa- un factor que explica la baja participación de las mujeres en la política peruana. ¿Cuántas Gobernadoras Regionales mujeres tenemos? ¡Cero! ¿Cuántas alcaldesas mujeres tenemos? 106 de 1874, ¡apenas un 5.6%! Estas vergonzosas cifras tampoco han cambiado mucho en el tiempo. Pero, como hemos visto, la violencia también es una perversa consecuencia en la vida de quienes sí deciden involucrarse en política. Al final de cuentas, es causa y efecto de un mismo problema. 

Recientemente, en abril de este año, se aprobó la “Ley que previene y sanciona el acoso contra las mujeres en la vida política”, que busca establecer mecanismos de atención, prevención, erradicación y sanción del acoso contras las mujeres. También se creó un Observatorio Nacional del Acoso Político contra la Mujer con información muy valiosa. Estos son, sin duda, pasos importantes, a los que debe seguirle la reglamentación y la puesta en marcha de un sistema que nos proteja, que no permita la impunidad, y que asegure el ejercicio de nuestros derechos políticos.

Que este Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer sea una oportunidad para visibilizar, reflexionar, sensibilizar y protestar. El patriarcado cobra muchas formas y la violencia de género contra las mujeres que deciden hacer política es una de ellas. Manuelita Sáenz fue estigmatizada, denigrada y caricaturizada por muchos por su decidida participación en la vida pública. Nuestro anhelo es que haya más Manuelitas Sáenz en el mundo, que incomoden, protesten, levanten su voz y puedan jugar de igual a igual con los Bolívar. Solo entonces seremos libres.