p class="rtejustify" style="">Llama la atención las reiteradas declaraciones del Procurador Julio Arbizu respecto a que habría una voluntad de parte de la Fiscalía de la Nación de archivar algunos casos por corrupción donde están involucrados altos funcionarios del gobierno anterior.

En mayo de este año1 se conoció que la Fiscalía de la Nación había archivado 28 casos que comprometían en delitos de corrupción a funcionarios importantes de la anterior gestión.

Aunque no hay claridad sobre de qué casos se trata, se sabe que algunos de ellos serían el archivamiento del caso BTR para Jorge Del Castillo -la Fiscalía consideró que no habían los suficientes elementos de juicio para formalizar denuncia contra el ex Premier-,  y Pio Fernando Barrios Ipenza -quien cobró una indemnización de casi 90 mil nuevos soles (por supuesto “despido arbitrario”) cuando de ser Director Ejecutivo de Essalud, fue nombrado Ministro del  Interior-.

Si a esto sumamos el hecho que las decisiones de la Fiscalía son definitivas, pues no existe una instancia superior de revisión, se explica la preocupación del Procurador Anticorrupción.

Pero no sólo eso, Arbizu también ha hecho notar su preocupación sobre la sentencia absolutoria a favor de Montesinos, por el caso del “narco avión” y el retiro del delito de “lesa humanidad” a los integrantes del Grupo Colina en lo que ha denominado como la sentencia Villa Stein, y ha dicho más, él considera que esto abre la posibilidad de que Montesinos pueda solicitar beneficios penitenciarios y salir libre en 4 años.

Mientras por un lado hay muestras de querer hacer bien las cosas y desde la Procuraduría Anticorrupción se ha procedido al cobro de reparaciones civiles pendientes de sentenciados por delitos de corrupción, por otro, se está configurando un escenario favorable a la impunidad frente a la corrupción.

Por ello, también llama a preocupación que, antes que la Megacomisión presente su segundo informe parcial, que será sobre el desvío de fondos del Programa Agua para todos, uno de los programas estrella del Gobierno anterior, la Fiscalía anuncie su avocamiento a este caso.

Es necesario ordenar las cosas. Hay buenas intenciones y acciones concretas bien recibidas por todos como el cobro de las reparaciones civiles pero, sería muy peligroso, ser complacientes ante lo que podría ocurrir con las labores de algunos magistrados que se sienten intocables.

1 Diario La República, 20 de mayo de 2012.