Evaluemos por un momento los tres acontecimientos relevantes en materia de drogas y narcotráfico, ocurridos los últimos días en el Perú. Hablamos nada menos del primer productor de coca, PBC y cocaína. Hagamos el ejercicio, incluso luego del desastre de la “Operación Libertad” en marzo/abril en el VRAE, y las posteriores acciones militares y su expansión hacia los distritos de Satipo en Junín y La Convención, Cusco, generando una peligrosa expansión geográfica del VRAE hacia el corredor de la frontera aymara.

Mientras, el gabinete Jiménez ha pedido al Congreso facultades legislativas en materia de seguridad y orden público que anuncian más recursos, mejores procedimientos  y más eficiencia estatal. Sin embargo, la realidad tira una bofetada en las narices del gobierno: se mantiene el incremento del conflicto social, la criminalidad y el TID, en sus distintas manifestaciones (es el segundo delito en cantidad de reclusos en el país).

Increíblemente, el sistema judicial decide absolver a Montesinos por tráfico de cocaína en el avión presidencial de Fujimori. Por otro lado, el Gobierno vía el premier Jiménez creó la Comisión Multisectorial del VRAE, y habla de una duplicación de presupuesto para la zona (del orden de los 2,000 millones), por supuesto, incluyendo seguridad y defensa.

Se producen 2 campesinos muertos, Juan Espinoza y Reider Rique, así como 4 heridos de bala en Monzón (otras fuentes refieren 20 heridos), durante acciones de erradicación del CORAH, argumento de uso de gases lacrimógenos, no es efectivo y se cae como argumento del frente Policial Huallaga.

En los últimos años, esta zona ha recibido del Estado acción policial y erradicación desde la época de la “Operación Eclipse” que terminó con el procesamiento y detención de varios dirigentes incluidos su alcalde Morales. No ha habido propuestas de desarrollo específicas y el Gobierno regional se ha tenido que poner la camiseta de su población (Luis Picón), existencia de Plan Estratégico de Desarrollo Alternativo (Hermilio Valdizàn y Agraria de la Selva).

Monzón es una zona donde existen 9.877 hectáreas de coca. El operativo era en la zona de Tamshi en distrito de Monzón y no en el mismo Monzón que pertenece a Rupa Rupa, desde donde según la versión oficial provino el ataque de la población. Estas son las del propio CORAH, del jefe policial de la región, y todas concuerdan con el cumplimiento de la ley, la derivación al narcotráfico. ¿Alguien se pregunta porque es tan voraz la respuesta en esas zonas?

Mientras que la Cárcel de Socabaya, en Arequipa, enfrentó una crisis por la solicitud de beneficios por parte de  la población penal; felizmente no se produjeron mayores incidentes ni víctimas en función del respeto al principio de autoridad en los penales. Pero es un aviso de lo que significa mantener una política criminal todista (el caso del negacionismo), irracional y restrictiva de beneficios para muchos delitos, como argumento la necesidad de dar más seguridad a la población peruana. Este es un tema recurrente que puede ocasionar próximas crisis carcelarias en el país, más allá de la requisa iniciada al día siguiente del motín.

¿Alguna relación? Si por supuesto.

La política de drogas del presidente Humala ha sufrido un duro “secuestro”, alimentado por la Embajada de los EE.UU La Sra. Likins se ha permitido embadurnar a la Primera Dama con la actual ocupante de DEVIDA (Carmen Masías), siendo el caso de un país que promueve la “gran transformación” pero apuesta por las políticas tradicionales de erradicación, interdicción. Se mantienen programas como el CORAH y NAS, se fortalecen nexos con el modelo colombiano de seguridad, se amplia cooperación con Brasil. En ese sentido, su gobierno no se diferencia en nada a los últimos cuatro o cinco gobiernos peruanos.