Las reformas olvidadas en seguridad ciudadana

En los últimos años, la inseguridad ciudadana se ha convertido en un problema que despierta el mismo nivel de preocupación que la situación económica para la mayoría de peruanos.
Por ejemplo, según el último estudio del Instituto de Opinión Pública (IOP) sobre seguridad ciudadana, un alarmante 91% de limeños piensa que la ciudad de Lima es insegura. Sin embargo, como política de Estado, la seguridad ciudadana ha sido uno de los temas más descuidados durante este segundo gobierno de Alan García. ¿Qué reformas fueron dejadas de lado? ¿Qué debemos esperar del próximo gobierno?
 
Un sector sin propuestas de fondo
Resulta curioso observar cómo en vísperas del 28 de julio, el Presidente García reconociera las debilidades de su gestión en materia de seguridad ciudadana, para luego señalar como única propuesta para mejorar esta preocupante situación “más patrullaje, más información, más coordinación” entre policías y serenos, evidenciando que no contaba con propuestas en este tema para el último año de su gobierno. Asimismo, vale recordar cómo la falta de voluntad política por reformar el sector interior se muestra cuando, reiteradamente, se designa a políticos ineficientes y cuestionados al frente de dicha cartera. ¿Por qué ha ocurrido esto? ¿Desinterés por el sector? ¿Improvisación? ¿Uso del sector solo para conseguir titulares? 
 
No solo más policías, sino mejores instituciones
Si bien los actuales problemas de inseguridad ciudadana que vive el país encuentran su caldo de cultivo en las persistentes situaciones estructurales de desempleo, informalidad y desigualdad, el actual gobierno olvidó las necesarias reformas de fondo de las instituciones llamadas a combatir la inseguridad ciudadana.
 
La socióloga Lucía Dammert, en un reciente artículo titulado “Violencias, crimen e inseguridad en América Latina. Desafíos para la democracia”¹, señala que uno de los principales desafíos de los países de América Latina respecto a la seguridad ciudadana es la necesidad de fortalecer sus instituciones.
 
Un primer elemento sería enfrentar la precariedad institucional de la policía. En el Perú, hace varios años, se dio el proceso de reforma y modernización de la Policía Nacional con la que se buscó enfrentar la desconfianza ciudadana, las deficientes condiciones de vida y trabajo del personal policial y los altos niveles de corrupción e inadecuado manejo de sus recursos. ¿Qué sucedió con esta reforma? Pues ni Alejandro Toledo ni Alan García le dieron el impulso necesario para que diera los frutos esperados, con lo que se truncó el proceso.
 
Un segundo elemento sería el sector justicia. Aquí vale recordar todo el trabajo que significó la Comisión Especial para la Reforma Integral de la Administración de Justicia (CERIAJUS) que, entre otros aspectos, planteaba cambios importantes en el acceso a la justicia, políticas anticorrupción, reforma del sistema penal, entre otros. El CERIAJUS tampoco fue aplicado como parte de la política nacional de seguridad ciudadana.
 
Finalmente, estas reformas deberían ser las prioridades del nuevo gobierno en materia de seguridad ciudadana, pues un diagnóstico certero del problema significa también la necesidad de contar con instituciones sólidas. 

En: Violencia e inseguridad ciudadana en las Américas. Lucía Dammert (editora), Lima, ediciones El Virrey, 2010.