A la derecha no le gusta la defensa del consumidor

El 18 de octubre pasado se publicó, para su discusión por espacio de 15 días, el Anteproyecto de Código de Protección y Defensa del Consumidor que, recordemos, es una de las promesas hechas por el presidente Alan García en su último discurso por Fiestas Patrias.

Han transcurrido unos días y algunos defensores del libre mercado parecen dispuestos a poner cualquier piedra en el camino para evitar que este tipo de normas afecte sus intereses.
¿Qué tiene este anteproyecto para que estos “protectores del sistema” hayan puesto el grito en el cielo? Al respecto, debemos destacar tres aspectos claves. En primer lugar, esta iniciativa nos recuerda a todos que una de las funciones del Estado Peruano es regular los servicios públicos para establecer un precio de intercambio equitativo, pues, como señala el abogado Juan Francisco Rojas, el derecho del consumidor es recibir un servicio de calidad a precio justo; mientras que el derecho de los prestadores del servicio es obtener una retribución adecuada que asegure su financiamiento.
En segundo lugar, este anteproyecto le concede un rol protagónico a las asociaciones de consumidores. Como recuerda el especialista Santiago Roca, la labor de estas asociaciones en defensa de los usuarios ha sido muy importante, pues continuamente han denunciado los atropellos de las empresas contra los consumidores, mientras que los órganos reguladores han cumplido mínimamente dicha tarea. Por eso, en este anteproyecto las asociaciones de consumidores tienen mayor poder para representar, por vía judicial y administrativa, a los consumidores que lo soliciten.
En tercer lugar, este anteproyecto convierte al Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI), dedicada primordialmente a vigilar la libre iniciativa privada y la libertad de empresa, en una autoridad nacional para defender al consumidor. Así, INDECOPI deberá actuar, sí o sí, en defensa de los usuarios, impulsando acciones judiciales indemnizatorias y difundiendo un reporte de los proveedores sancionados.
Este anteproyecto pone el dedo en la llaga, pues busca regular las innegables fallas del mercado. Por eso las reacciones derechistas contra este documento no se han hecho esperar. Gonzalo Prialé, Presidente de la Asociación para el Fomento de la Infraestructura Nacional (AFIN), ha señalado que establecer un precio justo solo se da en países “antisistema” como Bolivia o Nicaragua. Por su parte, Ricardo Briceño, Presidente de la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (CONFIEP), si bien ha dicho estar de acuerdo con la existencia de un código de consumo, cuestiona que en este anteproyecto se le dé un rol protagónico a las asociaciones de consumidores. Asimismo, la Cámara de Comercio de Lima (CCL) ha expresado que este anteproyecto “es conflictivo y excesivamente proteccionista, inclusive del consumidor irresponsable y del moroso”.
Esperemos que las presiones de estos importantes representantes del poder económico no terminen disolviendo las expectativas favorables que trae este anteproyecto para los consumidores, pues, un verdadero equilibrio entre sociedad y mercado nos hace mucha falta.

Añadir nuevo comentario

CAPTCHA
Esta pregunta se hace para comprobar que es usted es o no una persona real e impedir el envío automatizado de mensajes basura.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.