La brújula en el fondo del mar

Muchas veces a lo largo de este año hemos señalado la debilidad como la principal característica del gobierno de Ollanta Humala. Hoy que nos encontramos exactamente en la mitad de su mandato y su popularidad, tomando a la misma empresa Ipsos y al mismo tipo de encuesta urbano-rural, ha bajado de 59% en julio de 2011 a 29% en diciembre de 2013, es decir a perdido 26 puntos en dos años y medio, casi la mitad de la aprobación inicial. Al mismo tiempo, 62% de los que desaprueban la gestión presidencial señalan que la razón es que “no cumple sus promesas”, abonando a la falta de credibilidad política que caracteriza la relación entre los ciudadanos y el poder en el Perú, justamente uno de los motivos que hizo suyos Humala cuando irrumpió en la escena y prometió cambiar esa realidad. Nos encontramos entonces en una situación en la que el gobierno ha abandonado cualquier orientación inicial. Se encuentra “sin hoja ni ruta” como señalábamos  hace unos días. 

Pero esto se agrava por la creciente ineficiencia en el manejo del gobierno, no ya por el olvido de las promesas que hiciera a los sectores populares sino por el creciente desorden y múltiples arbitrariedades en su relación con distintos grupos empresariales. Esto se refleja en un manejo errático de las diversas demandas de los intereses que ahora quiere representar, como es el caso del sector pesquero. Ello se ha agravado en las últimas semanas con el llamado escándalo López Meneses. Este escándalo, que no termina de aclararse, refleja sin embargo, como también dijimos en su oportunidad, la existencia de un poder en la sombra, ligado a policías, militares y organismos de inteligencia, surgido durante la dictadura de Fujimori y Montesinos, pero del que no ha podido desligarse los gobiernos elegidos después. Está fresco en la memoria el escándalo de BTR en el gobierno de Alan García y parece que cada vez le es más difícil al gobierno de Humala desligarse del tema López Meneses.

Hemos llegado a un punto entonces no solo de debilidad sino de extrema debilidad. Un punto en el que podemos observar, y no solo por promesas incumplidas sino por desmanejo gubernamental, que se ciernen nubarrones sobre el gobierno democrático.  Es urgente entonces que el gobierno de Ollanta Humala afronte esta situación para que no se vuelva inmanejable y logremos un mínimo de gobernabilidad en el país. 

La gobernabilidad, sin embargo, no es asunto de buenas intenciones o mejores relaciones personales. La gobernabilidad tiene que ver con llevar adelante medidas concretas que favorezcan a la población y tomen en cuenta a los intereses mayoritarios. Desde Otra Mirada nos atrevemos a proponer tres líneas de trabajo que pueden ayudar, en el espíritu de diálogo que caracterizó en algún momento a la Presidencia del Consejo de Ministros: 

Primero, un relanzamiento de la reforma política de la que se hablara en su oportunidad frente al otro escándalo de la repartija y que mereciera una propuesta de nuestra parte. Para ponernos en el espíritu de la misma creemos que deben cesar las acciones de criminalización de la protesta en curso. 

Segundo, que se produzca una verdadera reactivación económica, no sólo facilitando trámites a los empresarios sino promoviendo verdaderamente la inversión pública y privada. Al respecto deben cesar los intentos de reactivación que se basan en quitarles derechos a los trabajadores.

Tercero, se debe abrir un debate sobre la participación privada en Petroperú,  recordando que la ley anterior ponía un tope de 20% de venta de sus acciones en bolsa. Asimismo, se debe discutir también la necesidad de integrarla como una empresa que participa en toda la cadena productiva de hidrocarburo. De igual forma se debe debatir también el futuro de nuestra matriz energética y el lugar que le toca en ella a cada fuente de energía.

Cuarto, debemos proceder a un relanzamiento de la educación peruana, tanto a nivel básico como superior. Sobre todo valorizar al maestro dentro de la sociedad y capacitarlo para liderar un cambio profundo en el sector. Asimismo, hay que prestar una atención preferente a la transformación de la salud como un sistema público que ponga por delante al ciudadano y a la población de menores recursos.

Con estos elementos podremos retomar un camino de acercamiento entre los actores sociales y políticos que le de alguna proyección hacia el 2016, no solo al gobierno de turno sino lo que es más importante, al gobierno democrático.

 

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