El coronavirus, al igual que el Fenómeno de El Niño costero, desafortunadamente, han sido útiles para destacar muchas de nuestras brechas y carencias.

Al momento de escribir estas notas el gobierno no ha detallado el tipo de con­tribución o impuesto de solidaridad que pretende establecer. La reacción en contra no se ha hecho espe­rar. Hay razones teóricas y prácticas que justifican me­jorar nuestra recaudación tributaria ahora. Aquí se propone una contribución extraordinaria sobre la ren­ta neta imponible por enci­ma de 1‘000,000 de soles y reestructurar todo el siste­ma tributario para el 2021.

El COVID-19, al igual que el Fenómeno de El Niño costero, han sido desafortunadamente útiles para destacar muchas de nuestras brechas y carencias. El Perú tiene la tercera parte de ca­mas UCI respecto de Chile. Las carencias sanitarias son extre­mas cuando se ve el estado de los hospitales del MINSA, espe­cialmente fuera de Lima.
Tampoco hay que olvidar que de acuerdo al último censo 2017 el 32.9% de las viviendas del país no tienen red pública de agua potable, 41.4% no tie­nen desagüe público y 31.8% tienen piso de tierra. También muchos olvidan que el 40.1% de los niños peruanos entre 6 y 35 meses tienen prevalencia a la anemia (INEI, 2020).

NECESIDADES A LA VISTA
Se podría hacer una evalua­ción por sectores administrati­vos del gobierno para hacer un recuento de nuestras carencias. La lista sería muy numerosa. No solo hay que mirar nuestro sec­tor salud, sino el de educación, seguridad, justicia. ¿Acaso la infraestructura, las condiciones de trabajo y niveles de sueldos se acercan a los idóneos?

El país retrocedió respecto de los niveles en que se presta­ban muchos de los servicios públicos en las décadas de los 60 y 70 Vale recordar que la inversión anual en infraestructura pública fue del 10% del PBI en 1982 y ahora se ubica a la mitad.

Afirmar que el Perú tiene for­taleza fiscal es un engaña mucha­chos. No se puede tener fortaleza fiscal con una presión tributaria ri­dícula. Están confundidos; lo que tenemos son ahorros del gobierno depositados en el BCRP por superá­vit fiscales acumulados. La fuente principal de estos fue la suma de partidas de gasto no ejercidas a lo largo de los años, mientras las ca­rencias de infraestructura pública y en la prestación de los servicios públicos aumentaban.

La creación del Fondo de Esta­bilización Fiscal tiene apenas seis años. Son ahorros públicos a la par que crecían las brechas de infraes­tructura y la deuda social. Error que ahora se paga por la incapaci­dad del sistema sanitario de aten­der a los ciudadanos afectados por el COVID-19.

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ALGUNAS PROPUESTAS PARA LA REESTRUCTURACIÓN TRIBUTARIA

• Establecer dos tramos adicionales del impuesto a la renta de personas naturales y jurídicas del 4% y 45% sobre 220 UIT y 2200 UIT respectivamente.
• Establecer regalías mineras de acuerdo a ventas o producción bruta no deducibles
• Adaptar localmente el impuesto a las herencias de EE.UU. de 2016 o impuesto anual a la riqueza neta total 
• Elevar ISC a bienes de lujo, juegos de casinos y tragamonedas
• Eliminar el régimen tributario especial a los dividendos, a excepción de los que reciban los fondos de pensiones locales
• Grabar las ganacias de capital realizadas en las bolsas de valores con referencia base en marzo 2020
• Establecer un tributo a las personas jurídicas en operaciones de fusiones y adquisiciones con escala progresiva
• Eliminar devolución del IGV por compras internas e inversiones de sectores exportadores tradicionales
• Establecer impuestos ecológicos de acuerdo a mejores prácticas internacionales
• Establecer impuestos prediales progresivos de acuerdo al tamaño de la propiedad rural
• Eliminar depreciación acelerada de activos fijos, consolidación de estados financieros de grupos económicos y deducción fiscal de gastos con personas y empresas ubicadas en paraísos tributarios
• Establecer mecanismo de renta presunta para independientes e informales de tamaño medio
• Ampliar catálogo de prácticas elusivas, verificar precios de transferencia, supervisión de embarques y fortalecimimiento integral de la SUNAT para reducir evasión fiscal
• Transición gradual del impuesto al valor agregado a un sistema de tasa menor para el IGV

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LAS BRECHAS TRIBUTARIAS
Todos los años la OCDE publi­ca series homogenizadas de la pre­sión tributaria en América Latina y el Caribe y las compara con los países miembros de esa organiza­ción. También presenta un análi­sis por tipo de impuestos y nivel de gobierno. Hay muchas sorpresas. De partida, con la última informa­ción disponible para 2017 el tama­ño del Estado peruano en sus tres niveles es de 15.3% del PBI respecto del promedio regional de 22.8% y de 34.2% respecto de los miembros de la OCDE.

Las diferencias son muy gran­des, estando por debajo de todos nuestros vecinos. Si quisiéramos estar al nivel del promedio re­gional tendríamos que recaudar al menos US$ 15000 millones adicionales anuales de mayores impuestos. Al comparar nuestra recaudación por tipo de impuesto y nivel de gobierno se pueden ubi­car muchos espacios de mejora, pero que no quieren ver nuestras autoridades.

La mayor brecha por cerrar es en las contribuciones sociales, salud y pensiones principalmente donde estamos mal. En el Perú es­tos cobros equivalen al 2% del PBI, mientras en América Latina en pro­medio es de 3.9% y 9.1% de los países miembros de la OCDE. También hay brechas en el impuesto a la renta de personas naturales donde aquí son equivalentes al 1.9% del PBI, 2.2% en América Latina y 8.3% en la OCDE.

Estamos totalmente atrasados en los otros impuestos a los bienes y servicios (ISC) donde estamos en el 1.2% del producto respecto del 5.4% regional. No hay mayores diferen­cias en el caso del IGV donde se re­caudan el 5.9% del PBI, respecto de 6% en la región y 6.8% en la OCDE. Nos llevan la delantera en los im­puestos ambientales que aquí son equivalentes al 0.4% del producto mientras que en América Latina son el 1.1%.

Los impuestos al sector minero fueron equivalentes al 0.6% del PBI, mientras que en Chile y Bolivia fue­ron 1% y 0.8% respectivamente. Es­pecíficamente las regalías mineras podrían multiplicarse por tres para llegar a los niveles de recaudación de Chile y Bolivia.

Por otra parte, la recaudación por impuesto a la propiedad en el Perú fue de 0.4% del producto la mi­tad del promedio regional, donde habría mucho espacio por recaudar en la gran propiedad rural. Existen también muchas oportunidades para que los gobiernos regionales y locales recauden impuestos, tal como ocurre en Colombia o en paí­ses federales como Argentina y Brasil.

SUSTENTO TEÓRICO
Mienten quienes afirman que es­tablecer un impuesto a los ingresos y/o al patrimonio, durante tiem­pos de crisis, no tiene sustento técnico. En las recomendaciones generales de J.M. Keynes (1936) no solo se propuso la política fiscal y monetaria anticíclica, sino estable­cer impuestos a los ingresos y a las herencias para transferir recursos de los estratos altos a los más ba­jos, elevando la propensión a con­sumir, la demanda y el producto.

En tiempos de crisis cuando hay elevada capacidad instalada ociosa en las empresas, las perso­nas de mayores recursos no gas­tan, ni consumen ni invierten, ele­vando la demanda de dinero por motivo precaución. En tal sentido, estos impuestos que redistribuyen ingresos son buenos para el con­junto de la sociedad.

La teoría económica estándar reconoce que los impuestos indi­rectos (tipo IGV) afectan negati­vamente los precios, reducen los sueldos y salarios reales, la deman­da y la producción; mientras que los impuestos directos como el de la renta, al patrimonio, a la rique­za y a las herencias no lo hacen, a la par que son más equitativos.

Piketty (2014 y 2019) ha mos­trado evidencia empírica median­te la cual el impuesto a la renta y a las herencias en las economías desarrolladas tuvieron sus tasas más elevadas durante la segunda guerra mundial y entre los años 50 y 60 de la edad de oro del capitalismo cuando los niveles de inver­sión y crecimiento fueron los más altos de la historia.

Esta evidencia empírica contra­dice a la teoría Ofertista de LAFFER que sirvió de base a las políticas de reducción de impuestos de R. Re­agan. La inversión y crecimiento no tienen mucho que ver con los impuestos directos tanto para las economías desarrolladas como en el Perú. Se vinculan más a la evo­lución de los precios de nuestras materias primas, el tamaño y diná­mica del mercado interno (Alarco, 2017).

La importancia de los impues­tos a la renta progresivos ha sido destacada por diferentes autores y hasta por el FMI (2014) para redis­tribuir mejor el ingreso. Patkinson (2016) no solo habla de establecer impuestos al ingreso personal más progresivos, sino también de im­puestos a los ingresos por herencia y regalos que deben gravarse pro­gresivamente como ingresos de capital a la par de otro impuesto a la propiedad que puede ser propor­cional o progresivo.

Más recientemente, Piketty (2019) plantea una combinación de impuesto progresivo sobre la propiedad (anual y herencias) para financiar la dotación de capital a cada joven de 25 años de edad (al­rededor de 120 mil euros) y un im­puesto a la renta progresivo para financiar la renta básica universal y las funciones sociales y ecológi­cas del Estado.

ELIMINAR EXONERACIONES
Los factores que obligan a reali­zar una profunda restructuración tributaria son diversos. No es solo que se necesiten recursos para atender las necesidades de la emer­gencia, la recuperación y diversifi­cación productiva, sino que existe un serio problema estructural por nuestra reducida presión tributa­ria que se agrava por la recesión actual, a la cual también habría que sumar las necesidades futu­ras de mayor y mejor Estado para hacer frente a la ralentización eco­nómica internacional y al cambio tecnológico que reduce el conteni­do de mano de obra por unidad de producto.

Por otra parte, es poco técnico asignar recursos de los bonos inter­nacionales por US$ 3000 millones para gasto corriente, cuando toda esta nueva deuda debería ser cana­lizada a gasto de infraestructura en particular para extender nues­tra red de salud pública con nue­vos hospitales regionales y locales al interior de todo el país.

En la emergencia hay que pensar en una contribución direc­ta, viable y simple que se aplique exclusivamente a los estratos de mayores ingresos, sin afectar a los medios y menos a los populares.

Se propone una contribución extraordinaria a los ingresos netos del 5% y 10% que se aplicaría so­bre la renta neta imponible de personas naturales sobre 220 y 2200 UIT respectivamente (1 millón y 10 millones de soles) y con las mismas tasas para la renta neta imponible de perso­nas jurídicas sobre 2200 y 22000 UIT (10 y 100 millones, respecti­vamente) tomando como base el ejercicio fiscal 2019. Por el momento no se tiene la infor­mación completa para aplicar un impuesto a la riqueza o al patrimonio neto.

La inequidad tributaria es evidente cuando un trabajador dependiente paga el IGV, ISC y el impuesto sobre la renta, mientras una empresa especial­mente del sector minero expor­tador puede terminar recibiendo subsidios del gobierno.

Un caso específico ha sido la compañía Minera Buenaven­tura, que recibió subsidios ne­tos por US$ 250 millones entre 2014 y 2018 que hemos docu­mentado anteriormente. Por ejemplo, en 2017 la empresa tuvo ventas por US$ 1274 millo­nes, utilidades por US$ 64 millo­nes con un impuesto a la renta de US$ 18 millones. Se pagaron regalías mineras de US$ 20 mi­llones, pero se tuvo como ingre­so un IGV recuperado de US$ 102 millones de forma tal que los peruanos subsidiamos a esa empresa con US$ 64 millones. Hay más casos similares.

Hay diversos sectores con elevadas ganancias extranormales como el eléctrico y el sector financiero que podrían contribuir más al fisco sin ma­yores problemas. En el cuadro se muestra un conjunto de medidas para elevar la presión tributaria, reducir la inequidad fiscal y coadyuvar a disminuir la elevada desigualdad a partir de 2021. Estas comprenden me­didas tributarias y contables, ya que a lo largo de las últimas décadas se ha construido un sistema orientado a reducir la recaudación tributaria.

ALGO MÁS
Ojalá el gobierno no ceda a las presiones de los grupos de poder económico, mediáticos y de los técnicos a su servicio.

Publicado en Diario Uno