Gerentes Públicos: fracaso del gobierno aprista en la reforma del Estado

Todos coincidimos en que necesitamos un Estado Peruano moderno y eficiente. Para ello, es necesario contar con un cuerpo de trabajadores públicos elegidos por mérito, según sus conocimientos y habilidades. Sin embargo, en nuestro país ocurre todo lo contrario, ya que por encima del mérito se ha impuesto la “argolla” o el “favor” político, es decir, un sistema de clientelismo donde los más cercanos al partido de gobierno resultan los favorecidos.

Frente a esta situación de un Estado formado en base al clientelismo, se ha optado desde el ajuste neoliberal de 1990, por la formación de “regímenes especiales”, para que hagan funcionar los espacios del Estado –como la SUNAT o la alta dirección del MEF– que le interesan al orden neoliberal.
El actual gobierno, en lugar de comprometerse con una reforma administrativa integral, como parte de una reforma política de la maquinaria estatal, opta por un régimen especial más; una suerte de portátil que distribuye gerentes con criterio neoliberal allí donde al poder le interesa. Esto es el Cuerpo de Gerentes Públicos. ¿En qué consiste este mecanismo? El Cuerpo de Gerentes Públicos tiene por tarea convocar y entrenar a un número selecto de profesionales y luego enviarlos a trabajar en las instituciones que los solicitan. Así, el gobierno aprista se conforma con implementar una isla centralista y elitista que forme técnicos con débil criterio social.
A inicios del 2005, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) elaboró el Censo de Empleados Públicos, donde la planilla del Estado ascendía al millón 372 mil 742 servidores públicos, entre pensionistas y activos. De esta cifra, el 45% era personal activo; el 51%, pensionista y el 4% estaba contratado por el régimen de Servicios No Personales (SNP) o cuarta categoría.
Asimismo, Nuria Esparch, Presidenta de la Autoridad Nacional de Servicio Civil (Servir), nos dice que existen más de 30 formas de contratación con el Estado y 157 escalas de remuneración aprobadas por decreto supremo, sin contar con los informales. No sabe, sin embargo, cuántos empleados públicos tiene el Estado actualmente.
Por otra parte, en el 2004, se aprobó la ley 28175, Ley Marco del Empleo Público, pero el gobierno no se ha interesado en implementarla. De igual forma, el Grupo Parlamentario “Unidad Nacional” ha propuesto una reforma constitucional sobre la función pública, sin embargo, tampoco ha tenido eco en el Congreso, pues ni siquiera ha sido discutida.
Seguimos entonces con mucho bombo pero con medidas parciales y se desaprovecha la oportunidad del crecimiento económico para enfrentar el problema de fondo.