Estafa universitaria

La semana pasada, publicamos una nota sobre cómo en la Comisión de Educación del Congreso se frustó la discusión sobre una nueva ley universitaria, pues se consideró que la actual norma solo necesitaba unos afeites y debería seguir vigente.

¿Realmente se puede construir universidad con una ley dada en 1983 cuando la realidad universitaria era otra? ¿Cuál es la situación de la universidad peruana en la actualidad?

El Perú es uno de los países de América Latina que menos invierte en educación superior. Por ejemplo, en 2002, el Perú dedicaba el 0,71% del PBI a educación superior mientras que Cuba le dedicaba el 3,27%; Bolivia, el 1,5%; Honduras, el 1,2%; Panamá, el 1,27% y Honduras y Nicaragua, el 1,2% (Ver: La Universidad en el Perú. Informe 2006). Asimismo, si comparamos el presupuesto destinado para educación universitaria respecto al presupuesto total, en 2000, siendo ya escuálido, este representaba el 1,49% mientras que en 2010 disminuyó a 1,33%. Esta situación afecta a la universidad pública porque no cuenta con los recursos necesarios para mejorar su oferta educativa.

El aumento más significativo para las universidades públicas se da en las décadas de 1960 y 1970, llegando en este período a 25 casas de estudio frente a las 35 que tenemos al 2010. Por otro lado, las universidades privadas crecen a partir de la década de 1990, pasando de 22 a 44 universidades particulares institucionalizadas, de las cuales 27 cuentan solo con autorización provisional de funcionamiento (Ver: Sistema de Información para la Gestión Universitaria).

Este crecimiento de la oferta universitaria ha originado dos hechos perversos. En primer lugar, una multiplicación de carreras con mercado saturado, pues casi todas las universidades quieren tener varias de las carreras más ofertadas. Así, de las 91 universidades que existían en 2007, 61 ofrecían la carrera de contabilidad; 55, la de ingeniería de sistemas; 61, la de administración; y 53, la de educación secundaria y derecho¹. En segundo lugar, se ha registrado un declive en los gastos en investigación básica y aplicada como porcentaje del PBI. En 1975, el gasto en este rubro representaba el 0,36% mientras que en 2002 cayó al 0,10%. De esta manera, el aumento de la oferta privada no se traduce en aumento de la calidad educativa en este sector. Para muestra, veamos la la última versión del Ranking Web de Universidades del Mundo², en la lista de las 100 mejores universidades de Latinoamérica, solo dos universidades peruanas aparecen en dicha lista: la Pontificia Universidad Católica del Perú en el puesto 27 y Universidad Nacional Mayor de San Marcos en el puesto 39.

Necesitamos ordenar el desgobierno en el que se ha convertido la universidad en el Perú. Un primer paso sería recuperar el concepto de “sistema universitario” que entienda a las universidades peruanas no como islas o un archipiélago de entidades independientes lo que ha sido estimulado a partir de la ley de 1983 y otras normas sucesivas, sino como un conjunto articulado que responda a una planificación adecuada y que estimule la emulación y la cooperación entre las distintas universidades.

Esperamos que el debate sobre la necesidad de una nueva ley universitaria no siga postergado. El Congreso tiene la última palabra.

¹Predictamen sobre una nueva Ley Universitaria, marzo 2010.
²Ranking elaborado por el Laboratorio de Cibermetría del Consejo Superior de Investigaciones Científicas de España.