Cristóbal Barrios, presidente de la comunidad San Juan de Cañaris, anunció que solicitarán la postergación de la reunión prevista con la Presidencia del Consejo de Ministros para el 9 de febrero pues primero deben informar a los comuneros de lo que ha ocurrido en anteriores conversaciones. A partir de ello se determinará si acudir a la cita o si reanudan el paro indefinido. Esta decisión merece reconocimiento pues, en buena cuenta, el motor del conflicto en Cañaris es la poca predisposición que hubo, hasta antes de iniciado el paro, para considerar la posición de la comunidad, ya definida en una consulta popular el 30 de septiembre del año pasado.

Más allá de las razones que tienen los comuneros para rechazar el proyecto Cañariaco (ver aquí) este rechazo social evidencia las lecciones no aprendidas en anteriores conflictos de gran magnitud, recordemos el caso Conga aún no resuelto y con nuevas perlas que podrían constituir nuevos detonantes, pero también un tema de fondo no relacionado únicamente a los conflictos, sino a la concepción de desarrollo que se maneja desde el estado. Una concepción, limitada y, a la luz de las evidencias, errada.

Veamos la estrategia gubernamental reincidente frente a los conflictos: minimización y conspiración. Por ello, el discurso estatal frente a los conflictos se ha caracterizado por enfatizar el carácter, sino limitado de los mismos, la presencia de elementos subversivos (MRTA, SL o lo que fuera necesario) que serían pocos pero que azuzarían a una comunidad  entera. Con este discurso se hace frente a la caricatura de un conflicto y, por tanto, se elabora una estrategia a partir de una fantasía y no la realidad. Y, por si fuera poco, se enardece aún más a los ciudadanos que, además de descontentos por el hecho que ocasiona el conflicto, se manifiestan en contra de la premisa estatal de que son manipulables. En otras palabras: los pintan como a unos tontos.

Sin embargo, esta reacción estatal ha sido quebrada sistemáticamente. Es evidente que la estrategia de resolución de conflictos necesita un giro de timón urgente, pero este viraje no puede anclarse únicamente en una mejor reacción por parte del Estado, sino en prevención o, mejor aún, en un cambio en la visión de desarrollo.

El modelo de desarrollo sostenido tiene futuro en tanto pueda mantener un escenario de exclusión. Sin embargo, los ciudadanos peruanos no están más dispuestos a escuchar las rimbombantes cifras de crecimiento macroeconómico sostenido sin sentir que las mismas se traducen en algún beneficio para todos. Del mismo modo, la defensa de los recursos naturales en cada localidad se ha convertido en una bandera fundamental pues en muchos casos, Cañaris es uno de ellos, la comunidad depende económicamente de los mismos. En ese sentido, se ha logrado avanzar ya que la Ley de Consulta Previa implicaba escuchar a la población antes de hacer uso de su territorio, sin embargo, como vemos en el caso de Cañaris, en muchas ocasiones esta “consulta previa” ni es “consulta” ni es “previa”, toda vez que la organiza la misma localidad y que luego de realizada no es escuchada.

Lo que se necesita es, por un lado, un consenso sólido entre las industrias extractivas, las comunidades y el Estado, como han señalado diversos especialistas, pero considerando en este triángulo la defensa de los intereses de la comunidad, la adecuada información de los ciudadanos y las garantías para los mismos. Por otro lado, hace falta también establecer límites respecto a las concesiones. ¿Hasta qué punto es positivo que se permita la concesión de una localidad entera? En Cañaris, por ejemplo, el 96% del territorio se encuentra concesionado. ¿Resulta adecuado permitirlo?

Todo pasa por un cambio en la concepción de desarrollo de país. Si lo que se quiere es fomentar la inclusión, slogan que llevó al actual Presidente a Palacio de Gobierno, esta revisión se hace urgente. Un modelo de desarrollo que no priorice a las empresas sobre los ciudadanos, ni al dinero sobre los recursos naturales. Un modelo donde no haga falta la publicación de una lista de comunidades que acceden a ser consideradas en la Ley de Consulta Previa, sino donde por respeto (además de legalidad) se escuche a todos los peruanos por igual y donde los acuerdos tomados en las asambleas no sean actas sin repercusión, sino motor de diálogo. Sólo entonces podremos hablar de desarrollo.