Durante la campaña electoral, el entonces candidato Pedro Pablo Kuczynski, pregonó como uno de sus mensajes de campaña -destinados a calmar a los inversionistas- que diversos proyectos de asociación público-privada (APP) serían destrabados, para agilizar los trámites y promover su pronta ejecución. 

Entre estos proyectos se encontraba el de la construcción del Aeropuerto de Chinchero en Cusco, como una alternativa al terminal aéreo Velasco Astete, que sufre los resultados de una alta demanda en la llegada de pasajeros nacionales y extranjeros a la Capital Arqueológica de América y cuyas dimensiones ya no son suficientes para atender esta situación. 

Sin embargo, la firma de una adenda en el contrato de este proyecto con la empresa Kuntur Wasi, donde el Estado ponía en riesgo una cantidad de dinero mucho mayor a lo que proponía la empresa privada, ha generado un remezón en la estructura de OSITRAN, donde la presidenta de esta institución renunció a su cargo al mostrarse en contra de esta decisión.  
Las dudas sobre esta adenda culminaron en una decisión inesperada: la suspensión temporal de las obras en Chinchero, programadas para este 30 de enero. 

Recientemente el gobierno, en el marco de sus facultades delegadas, promulgó el D.L. 1224 que modifica la Ley marco de promoción de la inversión privada mediante Asociaciones Público Privadas y Proyectos en Activos.  Esta reforma que modifica el papel del Estado –a través de Proinversión- para garantizar la efectividad de las APP parecía ser el cambio necesario para evitar situaciones como las que hoy vivimos en Cusco. 

Sin embargo, tanto el caso de Kuntur Wasi a través de Chinchero, como los otros casos de las iniciativas privadas están demostrando que existen deficiencias en la normativa y que permiten propuestas oportunistas desde el sector privado. Adendas firmadas para modificar los contratos, cambios de último minuto que hacen primar el interés de las empresas por encima del beneficio del Estado en su totalidad, todo amparado en un marco legal que defiende a las empresas y que resulta en enormes beneficios económicos en el manejo de las concesiones, con inversión mínima y en algunos casos, convirtiéndose en un aparato de salvataje y saneamiento de su economía. 

En el caso de Chinchero, el Estado Peruano prácticamente está asumiendo el costo total del proyecto, con una responsabilidad financiera del 80% de la ejecución del proyecto, cuando originalmente solo le correspondía asumir el 28,6%.  La adenda plantea que el Estado le pague a Kuntur Wasi un monto de 265 millones de dólares, mientras la empresa invertía 115 millones, con un socio cuyo capital está endeudado. Así la empresa disminuía su inversión a un 19,3%, tal como detalló la expresidenta de OSITRAN.   

La adenda establecía de forma directa que el Estado reconocería y pagaría los gastos que la obra produjera, en diversas etapas según se alcancen determinados avances. Es decir, además de que el Estado pague los 265 millones de dólares al término de la construcción, lo tendría que hacer “en cuotas”, con el riesgo de que el bajo capital de AIH detenga las obras. 

En el proyecto original, el Estado no desembolsaba ni un centavo si es que el privado no demostraba que contaba con el dinero necesario para el trabajo y que su índice de riesgo era mínimo. 

¿Estamos frente a una decisión filantrópica de las empresas por apoyar el desarrollo nacional? Definitivamente, no. Lo que existe, en el caso de Chinchero y en todo lo que se viene revelando con relación a la inversión de las empresas brasileras, hoy inmiscuidas en el caso “LavaJato” es una necesidad casi inherente de desarrollar sus negocios con dinero del Estado, utilizar el erario nacional para sanear su caja y tapar sus deudas. En muchos casos, generar leguleyadas que terminen succionando el dinero de todos los peruanos para beneficiarse económicamente. 

Si a esto, sumamos el desmedido accionar de los lobbystas que a través del sistema de las “puertas giratorias” aparecen un día asesorando a las empresas privadas, para luego pasar al Estado o incursionando en las oficinas gubernamentales trayendo las propuestas de sus clientes, nos encontramos con una legalidad que resulta falaz, cuando va acompañada del discurso del “desarrollo nacional”. 

Es indiscutible que estamos ante casos donde la inversión privada quiere seguir ganando, tomando concesiones por décadas y sin poner en riesgo su capital. Las APP que deben funcionar como una alternativa para potenciar lo que la inversión pública no alcanza, se han convertido en un maquiavélico aparato donde el sector privado busca que todos los peruanos paguen lo que ellos deben invertir para la construcción de infraestructura. 

¿Qué viene a continuación?

Mientras continúa la discusión sobre la legalidad y el beneficio (o no) de la APP para el aeropuerto de Chinchero, su suspensión se une a la del Gasoducto Sur Peruano que ha sido afectada por las esquirlas del explosivo caso “LavaJato”, y tiene a Cusco y toda la región sur del país en estado de alerta. Protestas sociales y huelgas indefinidas ponen en jaque al gobierno de PPK a solo medio año de gestión. 

La oposición, encabezada por un voraz fujimorismo, pone ahora en la mira al ministro de Transportes y Vicepresidente de la República, Martín Vizcarra. Su cabeza sería la siguiente en ser pedida por Fuerza Popular, sumando así –de prosperar una posible censura- tres jefes de cartera que dejan el régimen. 

Esta situación levanta –nuevamente- un escenario donde el presidente de la República, con todo y pizarra, queda como un personaje sin reflejos, con ministros que parecen estar de espaldas a lo que ocurre en sus sectores y con una alarmante ecuación donde el fujimorismo se coloca como la variable de la “reserva moral” del país, dejando bajo la alfombra lo que hicieron en la década del 90.