El nombramiento de Sylvia Cáceres Pizarro como Viceministra de Trabajo, en reemplazo de Pablo Checa, actualiza y pone en agenda la interrogante sobre el rumbo de la política laboral del gobierno nacionalista y sus posibilidades futuras. ¿Cambiará en algo la acción del Ministerio con la salida del ex sindicalista? ¿Cómo definir la política laboral del actual gobierno?

Queda claro que el capítulo laboral del Programa de la Gran Transformación, incluso el de la Hoja de Ruta, quedaron en stand by con el primer cambio de gabinete en diciembre del año pasado. El nombramiento de José Villena –un funcionario del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF)– como Ministro de Trabajo significó, en la práctica, que el gobierno se inclinará por mantener la continuidad de la política económica y laboral implementada por gobiernos anteriores. Villena (“Pepe” para sus amigos empresarios) no sólo neutralizó iniciativas orientadas a recuperar el equilibrio perdido con las reformas laborales de los noventa  –por ejemplo, la aprobación de la Ley General del Trabajo–, sino que asumió un rol activo como vocero del MEF en reformas importantes como la del sistema privado de pensiones, o respecto de conflictos laborales en instituciones públicas claves (como EsSalud), escenarios que han mellado su imagen como un actor imparcial y objetivo  frente al Ejecutivo y sus contrapartes sindicales.

En una editorial anterior (Articulo Nº19 27/07/2012) listamos algunos avances que ciertamente no hacen un verano: entre los más importantes se señaló la aprobación del Reglamento de la Ley del Fondo de Jubilación Minera; la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo y su reglamento; algunas directivas internas que regulan procedimientos administrativos; el proyecto de Superintendencia Nacional de Inspecciones de Trabajo; algunos programas vinculados con la erradicación del Trabajo Infantil; o la aprobación de una Política Nacional de Prevención y Solución de Conflictos Laborales, entre otras iniciativas que aparecen como pequeñas concesiones para un movimiento sindical que apoyó al gobierno en un buen tramo de su primer año de gestión. Visto en perspectiva, el aumento del salario mínimo –en dos tandas hasta alcanzar los 750 soles– fue presentado como el acto estelar de una programación más bien rala y deslucida. 

Cáceres –que viene de la secretaría general de EsSalud– ingresa a un viceministerio medular con varios retos por delante.  En principio, deberá torear la ofensiva de una derecha envalentonada con la salida de Checa, que busca por diversos medios tumbarse a los técnicos y laboralistas que sobrevivieron el gabinete Lerner, lo que supondría dejarle la cancha libre al empresariado lobista en el manejo, por ejemplo, de las inspecciones de trabajo, o en el tratamiento de los conflictos laborales. En segundo lugar, deberá impulsar algunas políticas que están pendientes de aprobación (entre las más importantes el Reglamento de la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo), para lo cual su experiencia previa como secretaria técnica del Consejo Nacional de Trabajo (CNT) juega a favor de garantizar los fueros del dialogo y la concertación social como principios rectores en el manejo de las relaciones laborales. Claro está, siempre que sepa manejar las presiones que empujan al inmovilismo o al conservadurismo administrativo de sus antecesores.

Finalmente, una pregunta que cae de cajón –y que las centrales sindicales (principalmente la Confederación General de Trabajadores del Perú) tendrán que hacerse– está relacionada con las implicancias del paso de un ex sindicalista como Checa por un Viceministerio clave para sus intereses. Visto en la perspectiva de lo avanzado en un año particularmente complejo en lo político, la sensación que queda es a oportunidad perdida. La falta de reflejos y decisión para enfrentar las presiones dirigidas a desvirtuar la agenda laboral y sindical por la que fue electo el gobierno –y que explicaron en gran medida su presencia en el Ministerio– es un dato que deberá evaluarse a la luz de lo logrado en materia de derechos laborales. Los gremios sindicales, por lo demás, nunca aparecieron como un actor proactivo en la formulación de iniciativas de política laboral, y en muchos casos no cambiaron su repertorio de acción frente a un Viceministerio al que debían ver como un aliado estratégico. Un punto importante a considerar en el balance de lo hecho, y lo que queda por hacer, en un sector delicado para el Estado y los actores sindicales y empresariales.