Hasta el momento, hay seis peruanos fallecidos y más de una veintena de heridos producto del intento policial de desbloquear los puentes Chala y Caleta, en la provincia de Caravelí (Arequipa) tomada hace dos días por cerca de seis mil mineros artesanales.
No es novedad el uso de medidas de fuerza para enfrentar las protestas sociales por parte del actual gobierno. Basta con recordar cómo cada vez que se convoca a un paro o protesta, el Ejecutivo declara las zonas en conflicto en estado de emergencia y envía un contingente policial para resguardar el orden público. Mientras tanto, las mesas de diálogo siguen fracasando.
Como señalamos en el infodiario La protesta prohibida, el gobierno viene utilizando, desde 2007, esta forma de enfrentar la movilización social amparándose en una serie de decretos legislativos que ya han sido cuestionados por APRODEH y la Defensoría del Pueblo. Hasta el momento, estamos hablando de varias decenas de peruanos que han muerto en enfrentamientos con las fuerzas del orden en lo que va de este gobierno. Solo este año, han muerto 12 personas en distintos conflictos, según señala la Defensora del Pueblo, Beatriz Merino. ¿Qué dice nuestras autoridades sobre esta situación?
Por otro lado, no podemos dejar de analizar el impacto de esta paralización minera y su nivel de convocatoria, pues han mostrado lo extendido de la minería artesanal en el país. En el Perú, esta actividad, a pesar de los riesgos para quienes la practican, genera empleo y beneficia directamente a las familias más pobres. Se trata de una explotación rústica, pues se realiza con métodos manuales y equipos básicos como lampas, combas y barretas. Su expansión se debe a la falta de alternativas económicas y a las altas cotizaciones alcanzadas por el oro y otros metales. Esta minería de los pobres es legal (Ley 27651), ya que es protegida y promovida por el Estado Peruano. El problema es la falta de control, es decir, de autoridad pública, sobre esta actividad, lo que ha originado su extensión ilegal, convirtiéndose en uno de los problemas más preocupantes del sector minero.
En medio de este escenario, viven y se reproducen mafias de acopiadores de minerales que no pagan impuestos, explotan a sus trabajadores, promueven mínimas condiciones de seguridad sanitaria, entre otras situaciones, tal como es el caso de Madre de Dios. Asimismo, no hay que olvidar que la minería artesanal y la informalidad no son los únicos problemas de este sector, pues la mayoría de conflictos medioambientales los origina la gran minería, la que en muchos casos también promueve la minería informal y tampoco se caracteriza por ser muy respetuosa del Estado de Derecho, pues maneja poderosos “lobbies”que cambian leyes a su antojo y maniobran para evitarle pagar impuestos.
Poner mano firme a la informalidad minera es urgente, pero en este afán resulta lamentable que, nuevamente, el gobierno permita que el conflicto se desborde para luego enfrentarlo con medidas de fuerza extremas. Esperamos que, en medio de la tensa calma que se vive en Caravelí, el diálogo, iniciado el lunes con algunas autoridades locales y congresistas, continúe. Esta es una tarea que le corresponde no solo al gobierno sino a los gremios mineros, que también deben colaborar para que vuelva la calma.
Comments :
Desde el comienzo ya sabía
Enviado por Anónimo el 08/04/2010.Desde el comienzo ya sabía cómo iba a desenvolverse esta crisis con los mineros informales, que ha sido el sainete de siempre: I Acto: El Estado detecta un problema serio (como la destrucción de la selva de Madre de Dios y las invasiones de petitorios) y decide reaccionar. Prefiere usar un decreto de urgencia por velocidad, mayor precisión técnica y para sortear a los burros del Congreso. Se dialoga interminablemente con los involucrados y no se llega a ningún acuerdo porque a éstos les conviene el statu quo de no pagar impuestos, hacer polvo el ambiente, cutrear y tratar como ganado a sus dependientes. II Acto: Se organizan las asonadas de protesta. Los (...) que se forran con la ilegalidad (madereros, traficantes de oro, narcos) les dicen a la "carne de cañón" (trabajadores mineros, nativos o los (...) de turno) que el gobierno quiere quitarle sus fuentes de ingresos para dárselas a los grandes empresarios, o mejor aún, a los chilenos. Se hacen contactos con agitadores profesionales y grupúsculos radicales para que presten su know-how y expertise a la propuesta. Se busca congresistas humalistas para sazonar más el caldo. Finalmente, se hace una bolsa de dinero para alimentar a la "carne de cañón" y se inicia la protesta. La "carne de cañón" se pone achoradita y jura "llegar hasta las últimas consecuencias". Cuando los entrevistan individualmente, los manifestantes muestran no tener la más (...) idea sobre cuál es el problema en el fondo. III Acto: El gobierno no sabe explicarle orgánicamente a nadie de qué se trata el problema y por qué optó por esas medidas. Ministros y presidentes regionales sueltan información de manera descoordinada. Radios provincianas, curas, voceros radicales, sindicaleros, congresistas humalistas, ONG, etc. critican duramente la iniciativa estatal (o se quedan callados). IV Acto: El gobierno promete que no va a retroceder, que va a ser inflexible y enérgico en hacer cumplir la ley, y amenaza con acciones legales. Quienes integran la "carne de cañón" atacan cobardemente a civiles a pedradas, los intimidan, les complican la vida, etc. y dicen que sí quieren lo que propone el gobierno, pero niegan que haya habido diálogo y lo exigen (en el fondo no quieren ceder en nada). La Policía arremete con fuerza contra la "carne de cañón" de los (...) y luego inesperadamente "se chupa" y retrocede. Los jueces sueltan a los revoltosos detenidos. Rospi critica como bueno al ministro del Interior de turno en el programa de Rosa Hipocresía Palazos. Los caviares reclaman el uso de armas no letales y disuasorias (como si fuera tan fácil controlar con éstas a miles de bárbaros enardecidos) y minimizan las agresiones de la "carne de cañón". V Acto: El Congreso empieza a "sobar" a la "carne de cañón" y miembros de la bancada oficialista mandan señales confusas contra su Ejecutivo. Los caviares, humalistas, ONG y rojos acusan al gobierno de asesino, junto con periodistas confundidos que repiten eso al hacer preguntas a los ministros. Los ánimos se enardecen. Voceros gubernamentales comienzan a insinuar una "posible flexibilización". Los curas se ofrecen de mediadores y recién la Defensoría del Pueblo se pronuncia. Ollanta suelta alguna (...) inmensa y el melifluo Augusto Álvarez Rodrich critica sibilino a quienes piden firmeza. VI Acto: El gobierno anuncia una "solución", que consiste en que no se van a aplicar las medidas hasta que las revise una comisión ad hoc. Los líderes de los manifestantes son tratados como embajadores importantes y se dice que "ganó el diálogo". Se comienza a procesar a los policías que aplicaron medidas de fuerza, mientras que se santifica a los revoltosos muertos y no se juzga a ningún manifestante. Y nadie les paga los destrozos y las pérdidas a los terceros afectados. En suma, y en cristiano, nuestros gobernantes se bajaron los pantalones una vez más, ganaron los (...) y todo queda igual que antes.
se repite una ves mas lo de bagua
Enviado por Anónimo el 07/04/2010.el gobiernos repite nuevamente lo ocurrido en bagua espera que se tome las carreteras y despues envia a la policia desbloquearlas sin dialogo esta el gobierno de garcia condenado a repetir los mismos errores hsata el ultimo dia de su mandato?
más inteligencia
Enviado por Anónimo el 07/04/2010.La policía debe aprender a ahogar estos sabotajes con inteligencia, con técnicas que sean los suficientemente oportunas y aversivas, sin llegar a ser letales, para despejar las vías. No puede ser que estos delincuentes se impongan sobre el derecho de los ciudadanos y, encima, ahora se pongan de mártires, todo por la torpeza de los mandos policiales. El estado no debe ceder al chantaje, pero tampoco puede ser tan bestia.
gonzalo
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