Hasta el momento, hay seis peruanos fallecidos y más de una veintena de heridos producto del intento policial de desbloquear los puentes Chala y Caleta, en la provincia de Caravelí (Arequipa) tomada hace dos días por cerca de seis mil mineros artesanales.

No es novedad el uso de medidas de fuerza para enfrentar las protestas sociales por parte del actual gobierno. Basta con recordar cómo cada vez que se convoca a un paro o protesta, el Ejecutivo declara las zonas en conflicto en estado de emergencia y envía un contingente policial para resguardar el orden público. Mientras tanto, las mesas de diálogo siguen fracasando.
Como señalamos en el infodiario La protesta prohibida, el gobierno viene utilizando, desde 2007, esta forma de enfrentar la movilización social amparándose en una serie de decretos legislativos que ya han sido cuestionados por APRODEH y la Defensoría del Pueblo. Hasta el momento, estamos hablando de varias decenas de peruanos que han muerto en enfrentamientos con las fuerzas del orden en lo que va de este gobierno. Solo este año, han muerto 12 personas en distintos conflictos, según señala la Defensora del Pueblo, Beatriz Merino. ¿Qué dice nuestras autoridades sobre esta situación?
Por otro lado, no podemos dejar de analizar el impacto de esta paralización minera y su nivel de convocatoria, pues han mostrado lo extendido de la minería artesanal en el país. En el Perú, esta actividad, a pesar de los riesgos para quienes la practican, genera empleo y beneficia directamente a las familias más pobres. Se trata de una explotación rústica, pues se realiza con métodos manuales y equipos básicos como lampas, combas y barretas. Su expansión se debe a la falta de alternativas económicas y a las altas cotizaciones alcanzadas por el oro y otros metales. Esta minería de los pobres es legal (Ley 27651), ya que es protegida y promovida por el Estado Peruano. El problema es la falta de control, es decir, de autoridad pública, sobre esta actividad, lo que ha originado su extensión ilegal, convirtiéndose en uno de los problemas más preocupantes del sector minero.
En medio de este escenario, viven y se reproducen mafias de acopiadores de minerales que no pagan impuestos, explotan a sus trabajadores, promueven mínimas condiciones de seguridad sanitaria, entre otras situaciones, tal como es el caso de Madre de Dios. Asimismo, no hay que olvidar que la minería artesanal y la informalidad no son los únicos problemas de este sector, pues la mayoría de conflictos medioambientales los origina la gran minería, la que en muchos casos también promueve la minería informal y tampoco se caracteriza por ser muy respetuosa del Estado de Derecho, pues maneja poderosos “lobbies”que cambian leyes a su antojo y maniobran para evitarle pagar impuestos.
Poner mano firme a la informalidad minera es urgente, pero en este afán resulta lamentable que, nuevamente, el gobierno permita que el conflicto se desborde para luego enfrentarlo con medidas de fuerza extremas. Esperamos que, en medio de la tensa calma que se vive en Caravelí, el diálogo, iniciado el lunes con algunas autoridades locales y congresistas, continúe. Esta es una tarea que le corresponde no solo al gobierno sino a los gremios mineros, que también deben colaborar para que vuelva la calma.