¿Está en riesgo la democracia en el Perú?

Sobran elementos en la actual coyuntura nacional para afirmar que el gobierno de Ollanta Humala está desarrollando una lógica crecientemente autoritaria.

El uso forzado y sin sustento de la posibilidad contemplada en el Código Procesal Penal de relativizar el principio del Juez Natural en el caso del alcalde de Espinar para apresarlo en Ica; la represión desatada contra la protesta social usando y fortaleciendo los mecanismos legales creados durante el gobierno de Alan García que permiten el uso de fuerza letal en protestas sociales y que ya han dejado doce muertos en lo que va del gobierno de Humala; las prácticas montesinistas de sembrado de balas y bombas molotov con la finalidad de realizar capturas y acusaciones contra autoridades, organizaciones de derechos humanos y otros; el congelamiento ilegal de los recursos de los gobiernos regionales y locales acusados de financiar movilizaciones sociales; la intolerancia ante la crítica, incluso de las bases del propio Partido Nacionalista, cuyos militantes son expulsados cuando cuestionan acciones como las descritas, son el aviso claro de un espíritu antidemocrático en el actual régimen. 
 
Al mismo tiempo, los principales medios de comunicación vinculados a la derecha más recalcitrante instalan en la opinión pública una tendencia autoritaria. Incluso, parece haber una campaña en marcha desde el propio aparato estatal, lleno de operadores de prensa de ese sector, que ponen el blanco en determinados líderes políticos para destruirlos. Es el caso de la congresista Verónika Mendoza, quien ha sido víctima de un aplastamiento mediático por el simple hecho de enviar un informe del Ministerio de Salud al alcalde de Espinar, que daba cuenta del grado de contaminación de las aguas en las áreas donde opera la empresa minera Xtrata Tintaya (Informe contenido en el Oficio 002-2012-DG-CENSOPAS/INS).  
 
Este escenario se ve agravado, además, por la fragilidad de la bancada de Gana Peru –que ya perdió a cinco de sus miembros sin haber culminado su primer año- operando en un Congreso muy desprestigiado e internamente fragmentado.
 
Frente a un gobierno peleado con su base social, sustentado formalmente en un partido y una bancada en crisis, y apoyado por sectores empresariales y medios de comunicación que tampoco creen totalmente en el Presidente y su círculo más intimo, se ha planteado como posibilidad que estemos caminando a un nuevo 5 de abril.
 
Ese riesgo, como señalan algunos analistas (salvando claro está, las distancias históricas entre el momento actual y el inicio de la década del noventa) no es imposible de imaginar, pues los sectores más recalcitrantes de la derecha política no dudan en señalar que hay una insurrección en camino, encubriendo su deseo de liquidar al 32 por ciento que votó por la gran transformación. 
 
Las recientes declaraciones del presidente del Congreso, el Ministro de Defensa, el Premier y el propio presidente de la República muestran un talante autoritario y rompen con la principal base social que eligió al régimen. El peligro es que en ese camino aumente la represión contra la protesta social buscando aislar cualquier disidencia, especialmente de quienes pertenecieron a la alianza de Gana Perú, olvidando que no es posible proscribir de la política al tercio del país, lo que no es claro para quienes pretenden aplastar al movimiento social y a su representación política.
 
Otra Mirada expresa su preocupación y hace una llamado a la reflexión a las autoridades, a los partidos políticos, a los formadores de opinión pública, a los dirigentes de los movimientos sociales, y a los dirigentes de la sociedad civil para que no se acorte el espacio para el diálogo democrático y la concertación política en el país que tiene tantas ansias de paz, bienestar y justicia social.